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ECUADOR
Por la vida, la soberanía energética y por un país libre de minería a gran escala
Foro «Reformas políticas, económicas e institucionales en los sectores petrolero y minero»

Vivimos un tiempo de cambios y de esperanza. No podemos quedarnos a medio camino. Los sectores sociales y ciudadanos/as que hemos sido parte de la resistencia al modelo de privatización, concesión y saqueo de los recursos naturales, en particular del petróleo, el agua, la biodiversidad y los recursos mineros, levantamos nuestras voces para que el «fin de la larga noche neoliberal» se haga realidad y pueda proyectarse al «fin de la larga noche capitalista».

La lucha de los movimientos sociales y de los/las ecuatorianos comprometidos con un Ecuador justo y soberano, hoy está representada en la responsabilidad de la Asamblea Constituyente para sentar las bases de un cambio del sistema capitalista y avanzar hacia una sociedad cimentada en la justicia, la equidad, la solidaridad y la inclusión.

No habrá soberanía y futuro para la Patria, sin soberanía energética y minera. El pilar fundamental del cambio está en la recuperación de la soberanía plena de los recursos naturales, empezando por el petróleo, la biodiversidad, el agua, los recursos mineros, para que sean el cimiento de una nueva forma de vida digna. Rescatar la soberanía plena implica oponernos a la esclavitud de la deuda externa que ha sido uno de los principales mecanismos de saqueo de nuestros pueblos: nos reconocemos como acreedores de las deudas históricas, ecológicas y culturales.
Los próximos mandatos de la Asamblea y las propuestas constitucionales deben abordar estos temas:

Mandato 005: Nacionalización plena de los recursos, la renta y todo el proceso de exploración, explotación, industrialización y comercialización de los hidrocarburos; caducidad de los contratos ilegales, empezando por los de Petrobrás, Etrobas, Enap, City y Repsol; reforma y fortalecimiento de Petroecuador como empresa pública eficiente y responsable; y declaratoria de las áreas naturales como territorios libres de la explotación petrolera y minera.

Mandato 006: Nacionalización de los recursos mineros e hídricos; reversión al Estado de todas las concesiones de minas y aguas; y declaratoria del Ecuador como país libre de la minería a gran escala.


El petróleo es de todos/as o no es de nadie

Instaurar en la nueva Constitución la soberanía plena sobre los recursos hidrocarburíferos, eliminando todas las trampas privatizadoras manejadas por los defensores del neoliberalismo. La propiedad de los recursos naturales pertenece al Estado y al pueblo ecuatoriano en forma imprescriptible, inembargable y soberana; y no podrá ser afectada por poderes autónomos o locales.

Impulsar la integración energética latinoamericana, sobre la base de una soberanía plena de cada Estado y los principios de solidaridad y complementariedad; y enfrentando con firmeza cualquier posición de subordinación.

Aprobar la Ley de Empresas Públicas, orientada a la reforma y fortalecimiento de todas las empresas públicas, empezando por Petroecuador, a la luz de paradigmas como la eficiencia, eficacia, solidaridad, transparencia y soberanía, con participación de las organizaciones laborales, los trabajadores y funcionarios de la empresa; y a fin de cerrar el paso a políticas neoliberales abiertas o soterradas de privatización, debilitamiento o boicot, bajo diferentes formas, como la transformación en Sociedades Anónimas.

Declarar que ni un solo barril de crudo saldrá del país, a fin de iniciar un cambio del modelo petrolero, basado en la industrialización plena de los hidrocarburos.

Fortalecer la investigación científico-técnica y crear un Instituto Estatal de Hidrocarburos e Investigaciones Energéticas.

Impulsar la auditoría a quienes han administrado Petroecuador y sus filiales en los últimos 20 años: levantamiento del sigilo bancario, investigación de las propiedades y las de sus familiares.

Exigir la declaración de bienes a todas las autoridades, trabajadores y dirigentes sindicales, y que las mismas sean publicadas en la página web.

Remover al ministro de Minas y Petróleos, por conflicto de intereses; y de todos los funcionarios sospechosos de actos de corrupción en el sector petrolero, sin perjuicio de iniciar en su contra, cuando sea del caso, el enjuiciamiento penal correspondiente.

Disposiciones constitucionales y reformas legales orientadas a restablecer el derecho al trabajo digno, basado en la estabilidad y en el ejercicio responsable de los derechos laborales. Acabar con la tercerización, intermediación y cualquier forma de precarización del trabajo, empezando con el caso de más de 7 mil trabajadores que laboran para Petroecuador, a quienes se les violentan sus básicos derechos, al tiempo de generar un alto costo para la empresa.

Iniciar el proceso de caducidad del contrato para la exploración y explotación del bloque 18 y del convenio de operación unificada del falso yacimiento común Hollín Palo Azul. Impulsar la investigación penal acerca del posible fraude en la declaración de yacimiento común en el Campo Palo Azul.

Avanzar en la caducidad del contrato con City. Desarrollar las acciones conducentes a la nulidad del contrato de Repsol en el campo Tivacuno.
Suspender el contrato con Enap de Chile, por ser ilegal y perjudicial para los intereses del país.

Nacionalizar la comercialización del gas, empezando por garantizar la ejecución del proyecto de almacenamiento en tierra y por la investigación de los contratos con Trafigura.

Impulsar la recuperación de los fondos por la aplicación del lucro cesante del fracasado proyecto de la ampliación de la Refinería Esmeraldas por la empresa española Técnicas Reunidas.

Revisar y renegociar todos los contratos petroleros, en base a estudios técnicos, a fin de que el País obtenga un beneficio real.

Acabar de una vez por todas con la tragedia del 80/20, 80 barriles para las transnacionales, 20 para el Estado. Destinar los fondos petroleros fundamentalmente a educación, salud, protección ambiental, ciencia y tecnología e inversión energética. Los fondos petroleros no podrán ser destinados al pago de la deuda externa.

Rechazar el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, propuesto por el Ministerio de Minas y Petróleos, por ser lesivo a los intereses del país.
Aplicar firmemente el cobro del 99% del excedente del precio del crudo y no negociar con las compañías el cambio de contrato de participación a prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, que por ninguna razón deben incluir la ampliación de los plazos de los mismos.

Abstenerse de explotar los bloques 31 e ITT por encontrarse en territorios de pueblos ancestrales y en el Parque Nacional Yasuní, porque tal actividad significará el exterminio de pueblos hermanos y porque la explotación económica en parques nacionales se encuentra prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Cumplir la propuesta del Presidente de la Asamblea Constituyente para que no se explote dentro de las Áreas Protegidas.

Redefinir el perfil de cooperación de Pdvsa en la operación de Sacha y en las demás fases de la industria.

Respaldar la demanda de los pueblos y comunidades de la Amazonía en contra de la Texaco.

Eliminar la criminalización de la lucha social y la persecución a los profesionales y los actores sociales que han asumido la defensa de la soberanía: declarar la amnistía para todos los perseguidos/as sociales.


Un país para la vida y libre de minería a gran escala

Respaldar la transición de un modelo de desarrollo basado en las actividades extractivas de los recursos naturales a un modelo que promueva y proteja la vida de nuestro pueblo y nuestras comunidades.

Revertir al Estado las concesiones mineras entregadas a las transnacionales y que han creado conflictos con las comunidades.

Revertir al Estado las concesiones de agua entregadas a empresas transnacionales, sus socios, filiales o subsidiarias y a grandes empresas privadas (agro exportadoras, florícolas, camaroneras, hidroeléctricas, de turismo, etc.), en aplicación del Art. 272 de la actual Constitución, y en todos aquellos casos de concentración o perjuicio a las comunidades.

Derogar la Ley de Minería que fue hecha para favorecer los intereses de las transnacionales mineras y aprobar una nueva Ley de soberanía minera, construida con amplia participación de las comunidades, de los actores sociales y del pueblo.

Investigar y sancionar a los que se han enriquecido entregando el territorio nacional a las mineras transnacionales violando la Constitución vigente. Fiscalización al Ministerio de Minas y a las Direcciones Regionales de Minería durante los últimos 20 años.

Eliminar toda forma de criminalización y represión de las protestas populares, y el uso de la violencia por parte de la fuerza pública y el Gobierno. Poner fin a la persecución y enjuiciamientos y declarar la amnistía a favor de los y compañeros/as defensores de la vida. Investigar y sancionar los casos de violación de derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales, grupos armados y la fuerza pública en los distintos puntos del conflicto minero en el país.

Declarar como áreas intangibles y de protección, las zonas de nacimiento y reservas naturales de agua (superficiales y subterráneas), las cuencas y subcuencas hídricas hasta su desembocadura, y las zonas de la biodiversidad de las cuatro regiones del país, prohibiendo sin excepción toda actividad extractivista en dichas áreas.

Instituir en la Constitución y las normas legales el principio de precaución, y garantizar la consulta previa e informada para toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, al patrimonio natural y cultural de la nación, reconociendo el derecho a veto por parte de las comunidades de proyectos que atentan contra los ecosistemas, agua, cuencas y subcuencas hídricas, bosques nativos, bosques protectores, áreas protegidas, páramos, humedales, biodiversidad, la vida de las comunidades, el patrimonio cultural y la soberanía del país.

Declarar los daños a los ecosistemas y la contaminación de las aguas como delitos penales imprescriptibles.

Reconocer el agua como un derecho humano fundamental, bien social, público y ambiental que pertenece a la Pachamama (Madre Tierra) y a todos los seres humanos, por tanto no puede ser privatizada ni convertida en mercancía.

Normar el uso del agua con la siguiente jerarquía:
1) consumo humano
2) riego y actividades agropecuarias que garanticen la soberanía alimentaria
3) uso industrial, turismo y otros.

Sentar el marco jurídico para que el Ministerio del Ambiente cumpla realmente su función, sea democrático, participativo, con autoridad ambiental nacional superior, con potestad para ejercer la rectoría en la política ambiental y control en todos los ministerios y áreas, y con representación comunitaria.

Garantizar en la nueva Constitución la revocatoria del mandato para todas aquellas autoridades y funcionarios de elección popular, cuyo accionar vaya en contra de los intereses de las comunidades, de la defensa de la vida, el agua, la soberanía energética, y que pongan en riesgo el medio ambiente y el bienestar de la población. Las comunidades tendrán de igual manera la capacidad para recusar y plantear la destitución de los funcionarios designados por el Ejecutivo, que estén incursos en similares situaciones.

Reconocer la Soberanía Alimentaria como Derecho Humano y por tanto prioridad del Estado. Esto implica:

Terminar el actual modelo económico neoliberal, extractivo, dirigido hacia afuera, rentista y especulativo, y construir una nueva economía orientada a la producción de los artículos destinados a la satisfacción de las necesidades vitales de la población: alimentación/salud, educación, vivienda, trabajo y seguridad social. Un modelo basado en la reactivación productiva, el incremento del empleo, en la justicia social, la solidaridad y la armonía con la madre-naturaleza.

Reconocer y garantizar el derecho de toda la población a alimentación saludable y en la cantidad requerida para su desarrollo normal.

Reforma agraria para garantizar que los derechos de acceso y gestión de la tierra, territorios, aguas, semillas y biodiversidad, estén en manos de quienes producen los alimentos.

Otorgar prioridad a políticas agrarias orientadas a garantizar la soberanía alimentaria, con el apoyo a los pequeños productores y a las comunidades.

Rescatar, preservar y desarrollar nuestras especies, prácticas y tecnologías para la producción de alimentos, conformando bancos de germoplasma en nuestro país.

Oponerse a la implementación de empresas y cultivos para agrocombustibles, pues significará atentar a la provisión de alimentos, encareciéndolos y escaseándolos, además de esclavizar la mano de obra y promover la contaminación en diversos órdenes.

Incentivar y promover desde el Estado los cultivos orgánicos, agroecológicos, concientizando a la población para su consumo. Prohibir los agrotóxicos, transgénicos y demás componentes del paquete tecnológico que nos imponen las transnacionales.

Prohibir la patentización con fines mercantilistas de uso privado, lucro y aprovechamiento monopólico de cualquier forma de vida, especies animales y vegetales, de conocimientos y de alimentos.


La soberanía reside en el pueblo

Acordamos el siguiente plan de acción:

Impulsar la unificación de la lucha de todos los actores y organizaciones sociales que participan en la defensa de la vida y la soberanía de los recursos naturales. Impulsar encuentros regionales unitarios y preparar un Congreso Nacional para el mes de mayo. Respaldar las acciones, iniciativas y eventos impulsados por las diversas organizaciones, como el Foro Regional a realizarse en Lago Agrio en marzo.

Difundir el mandato, consensuar con otros sectores y organizaciones y organizar una campaña de presentación en el país, ante el Gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente que desemboque en acciones nacionales en la segunda quincena de marzo.

Fortalecer las relaciones con organizaciones hermanas de países latinoamericanos para intercambio de experiencias y conocimientos y la construcción de la solidaridad entre los pueblos. Participar en el Foro Latinoamericano y Caribeño de los Trabajadores/as de la Energía por la defensa de la soberanía y la vida que se realizará los días 2, 3 y 4 de mayo, en Quito.

Impulsar una línea de lucha radical contra el dominio de las transnacionales, el imperialismo y las oligarquías, de autonomía y exigencia ante el Gobierno nacional y de unidad de las fuerzas sociales y políticas empeñadas en un cambio profundo del país.

Encargar a una Comisión de Coordinación integrada por un representante de las organizaciones participantes para que ejecute este plan de acción.


¡Por la Patria hasta la Vida!

Federación nacional de trabajadores de Petroecuador (Petrapec)
Coordinadora nacional por la defensa de la vida y la soberanía
Coordinadora de movimientos sociales
Federación nacional de organizaciones campesinas e indígenas
Comité de empresa de Andinatel
Coordinadora zonal de Intag
Cetape
Cenapro
Cetaprin
Cenapeco
Acción ecológica
Directiva cantonal de defensa de la vida y los recursos naturales de Pallatanga
Comité permanente por los derechos de la mujer
Red de ecologistas populares; Asociación de economistas de Petroecuador
Asociación de profesionales de Petroecuador.


Quito, 30 31 de enero de 2008


 
 
 

REVISTA INTERNACIONAL DE TEORIA Y POLITICA

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